El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la Justicia otorgó la semana pasada «medidas alternativas» a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la convivencia y paz, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que las medidas se solicitaron para personas «procesadas o condenadas» por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni de qué medidas se trata.
Según explicó el texto, el Programa de convivencia y paz propuso «evaluar el otorgamiento» de las medidas, una decisión que apoyó el Ministerio Público (MP, Fiscalía), que el pasado 16 de abril introdujo las solicitudes ante los tribunales.
«Dichas medidas fueron acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha», añadió el comunicado.
Promesa
También ratificó que el Gobierno «seguirá adoptando medidas» para favorecer el reencuentro de la población, así como «el fortalecimiento del tejido social».
Según la última actualización de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, al menos unas 477 personas están detenidas por motivos políticos, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
Este lunes, Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), de la líder María Corina Machado, denunció persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro (este).
Denuncia del SNTP
